Foito Por: Don Ryan, AP File
Adaptado al español por Fabián Capecchi del artículo original publicado por Lindsey Botts en la revista Sierra
Cuando la Administración Biden propuso actualizar la Ley de Especies en Peligro de Extinción (ESA, por sus siglas en inglés) el mes pasado, muchos en la comunidad ambientalista sintieron un alivio. Si finalmente es aprobada, las nuevas normas reemplazarían algunas de las peores regulaciones propuestas por la administración Trump en 2019 que socavaron esta ley. Estas nuevas regulaciones le facilitarían al Servicio de Pesca y Vida Silvestre de los Estados Unidos (USFWS, por sus siglas en inglés) y al Servicio Nacional de Pesca Marina, las dos agencias encargadas de administrar la Ley de Especies en Peligro de Extinción, salvar numerosos hábitats y proteger muchas especies amenazadas.
Sin embargo, estas dos agencias no fueron lo suficientemente lejos como para revocar por completo todas las políticas del gobierno de Trump. Al hacerlo, las actualizaciones no cumplieron con las grandes expectativas que los grupos conservacionistas tenían al principio de la administración Biden. Algunas organizaciones, como el Centro para la Diversidad Biológica, Earthjustice y Defenders of Wildlife, afirman que las actualizaciones recién propuestas deben ir más allá, para fortalecer la Ley de Especies en Peligro de Extinción y alcanzar su máximo potencial. Una coalición de grupos, incluido el Sierra Club, demandó al gobierno federal en 2019 para cancelar las políticas de Trump. Un tribunal federal se negó a eliminarlas por completo, dejando las regulaciones impugnadas vigentes mientras la administración Biden modifica las reglas.
"Lo que estábamos exigiendo era una anulación completa. Luego volveríamos a las regulaciones originales", dijo Kristen Boyles, abogada de Earthjustice, la principal demandante en la demanda. "Eso no es lo que la administración Biden hizo. Anularon algunas. Modificaron otras y dejaron otras más intactas".
Bajo las nuevas reglas propuestas, las especies amenazadas gestionadas por el USFWS recibirán automáticamente las mismas protecciones destinadas a proteger a las especies en peligro de extinción. Las agencias de vida silvestre estarían obligadas a revisar únicamente los datos científicos al tomar decisiones de inclusión en la lista, sin considerar factores económicos, tal como lo pretendía originalmente el Congreso.
El alcance de la frase "futuro previsible" se modificaría para que amenazas a largo plazo, como el cambio climático, pudieran tenerse en cuenta en las evaluaciones de riesgo. Además, habría menos obstáculos para designar hábitats críticos fuera del área actual de distribución de una especie, una herramienta clave para fomentar la recuperación, ya que la pérdida de hábitat es el principal factor que impulsa las extinciones, según Jane Davenport, abogada principal de Defenders of Wildlife.
Sin embargo, todavía existen políticas vigentes que los conservacionistas desean revertir. La mayoría de ellas están relacionadas con el proceso de consulta entre agencias federales en torno a proyectos, como la construcción de una carretera o la tala, cerca de áreas donde viven especies amenazadas. Estas regulaciones socavan gravemente las protecciones del hábitat crítico. La política establece que un proyecto de desarrollo debe afectar el hábitat crítico "en su totalidad" antes de considerar proyectos alternativos. Esto protegería a una especie con un área de distribución pequeña, ya que es probable que un proyecto de infraestructura importante destruya toda su área y, por lo tanto, sería difícil aprobar dicho desarrollo. Sin embargo, esto no se aplica a especies con áreas de distribución extensas, como el búho manchado del norte o el lobo gris. Nunca habría un caso en el que se destruyera el hábitat en su totalidad para una especie cuyo rango incluye cientos, miles o incluso millones de acres.
"Esto realmente perpetúa el escenario de muerte para especies amenazadas y en peligro de extinción, y los cambios de la administración Biden ni siquiera abordan eso".
Las represas en el noroeste del Pacífico, por ejemplo, han llevado a las poblaciones de salmones y truchas al borde de la extinción. Cuando una agencia federal busca extender la licencia de operación de una presa o aprobar un nuevo plan, la consulta con la agencia de vida silvestre no debe ignorar los efectos pasados en la condición biológica de las especies. La norma de la administración Trump que se ha mantenido en vigor permite hacer exactamente eso, según Davenport, lo que elimina por completo la consideración de que las presas llevaron a estas especies al borde de la extinción en primer lugar.
Finalmente, los grupos de conservación advierten que la administración Biden ha conservado una norma de 2019, que hace que cualquier medida de mitigación destinada a evitar o compensar los efectos adversos de un proyecto, no sea vinculante y no sea exigible en un momento en que la pérdida de biodiversidad se acelera a un ritmo récord. Las tasas de extinción son al menos 100 veces más altas que antes de la revolución industrial. Y en los Estados Unidos, más de 1600 especies aparecen como amenazadas o en peligro de extinción. Para que la Ley de Especies en Peligro de Extinción siga funcionando, 50 años después de haberse promulgado, debe ser revisada en su totalidad.
Para asegurar que eso ocurra, dicen que la administración Biden debe revocar todas las políticas de Trump, y el Servicio de Pesca y Vida Silvestre de los Estados Unidos y el Servicio Nacional de Pesca Marina, necesitan un mayor financiamiento. También deberían poder actuar libremente, sin la interferencia de intereses especiales cuyos objetivos primarios son contrarios a la conservación de plantas y animales en peligro de extinción.
"El Servicio de Pesca y Vida Silvestre de los Estados Unidos está seriamente afectado. Sigue siendo rehén de intereses especiales, y me gustaría ver una reforma en la agencia y un nuevo liderazgo que actúe acorde a la ciencia y cumpla con los propósitos de la ley", dijo Greenwald. "Realmente se necesita una agencia que sea alentada y permitida para tomar decisiones basadas en la ciencia disponible, como la ley requiere. Desafortunadamente, la administración Biden no lo es".
El Sierra Club se opuso firmemente desde el principio a esta “degradación” y debilitamiento de la Ley de Especies en Peligro de Extinción, una Ley que ayudó a que fuese aprobada en los años 70 y que logró salvar de la extinción a numerosas especies como la emblemática águila calva