Foto por: Moms Clean Air Force
Hace cuatro años, en marzo de 2019, los vecinos de Deer Park, Texas, una comunidad cercana al canal de navegación de Houston, vieron alarmados cómo una enorme columna de humo negro se elevaba hacia el cielo mientras el aire se llenaba de un asfixiante olor. Un gran incendio estaba devorando la planta química Intercontinental Terminals Company (ITC), vecina a la comunidad.
El fuego duró varios días y generó preocupaciones sobre la calidad del aire que estaban respirando, sobre todo cuando las autoridades emitieron una orden de refugio para los residentes cercanos. Se cree que la causa del incendio fue una fuga en uno de los tanques que contenía nafta, un líquido altamente inflamable.
Para colmo de males, los productos utilizados para la extinción del fuego, combinado con niveles elevados de benceno, sumaron más elementos químicos peligrosos. Las espumas contra incendios contienen PFAS, sustancias químicas permanentes que son altamente tóxicas para la salud humana. Se ha comprobado que las PFAS han contaminado cientos de vías fluviales y sistemas de agua potable en los EE. UU. poniendo en peligro la salud de la población.
Varias agencias realizaron pruebas de calidad del aire y del agua en las áreas circundantes. Las pruebas indicaron que la calidad del aire y del agua se encontraban dentro de los niveles aceptables, pero el incidente generó serias preocupaciones sobre la seguridad de las instalaciones de almacenamiento y transferencia de productos petroquímicos en los Estados Unidos.
Tras el incendio, la instalación de ITC enfrentó demandas y acciones regulatorias por parte de la Comisión de Calidad Ambiental de Texas (TCEQ, por sus siglas en inglés) y la Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos (EPA, por sus siglas en inglés). Los demandantes alegaban que la instalación no había tomado las medidas de seguridad adecuadas para prevenir el incidente y había violado las regulaciones ambientales.
Como si fuera una película de terror, en diciembre de 2020 la empresa que operaba la planta química comenzó el proceso legal para volver a ponerla en funcionamiento. La ITC presentó una solicitud de renovación para su permiso de calidad del aire a la Texas Commission on Environmental Quality (TCEQ, por sus siglas en inglés). El permiso permitiría que la instalación fuese reconstruida y continuase sus operaciones para desgracia de las comunidades cercanas. Sin embargo, la solicitud de renovación enfrentó la oposición de grupos comunitarios y organizaciones ambientales, quienes argumentaban que la instalación representaba un gran riesgo para la salud pública y el medio ambiente.
Días después de que comenzara el incendio de 2019, cientos de residentes buscaron tratamiento médico. Muchos dijeron que les costaba respirar y experimentaban fuertes dolores de cabeza, problemas cardíacos y tos con sangre.
A pesar de la oposición, la TCEQ aprobó la renovación del permiso en febrero de 2021, citando los esfuerzos de la instalación para mejorar las medidas de seguridad y cumplir con las regulaciones ambientales.
Los distintos grupos de organizaciones comunitarias y ambientales, incluido el Sierra Club, han continuado los esfuerzos para intentar revocar el permiso otorgado para la reconstrucción de la planta química.
Durante una audiencia celebrada a principios de mayo en Deer Park, los grupos de vecinos a la ITC citaron el espantoso historial de incidentes y violaciones en la instalación, manifestando sus preocupaciones sobre la planta química y el impacto que tendrá sobre la calidad del aire y la salud pública en las comunidades cercanas. Los grupos también criticaron el proceso de renovación del permiso de la TCEQ, que según ellos no tomó en cuenta adecuadamente las preocupaciones de las comunidades locales.
Al preguntar a los representantes de la TCEQ sobre las infracciones anteriores del ITC, a menudo, recibían como respuesta un tibio “No sé”. Los residentes culparon a los reguladores estatales y federales por no responder adecuadamente a sus preocupaciones ambientales o de salud después del incendio de 2019. La decisión fue criticada por los grupos comunitarios y las organizaciones ambientales, quienes han prometido continuar su oposición a la instalación y sus operaciones.
Este es uno de esos casos contra los que ha venido denunciando el Sierra Club, invocando la justicia medioambiental, pues este tipo de plantas contaminantes se instalan siempre cerca de comunidades Hispanas o Negras, con terribles consecuencias para la salud de la población, sobre todo de los niños.