Adaptado al español por Fabián Capecchi del artículo original de Michael Brune publicado en la revista Sierra.
¿Cómo puedes lavarte las manos si no tienes agua?
Ese es el dilema al que se enfrentan las personas que viven a todo lo largo y ancho de los Estados Unidos, a quienes el agua les ha sido quitada durante la pandemia de COVID-19.
Nadie sabe exactamente cuántas personas viven sin agua en el país. Pero una evaluación realizada por la Food and Water Watch (solo en inglés) en el 2018 dio la cifra de uno de cada 20 estadounidenses, aproximadamente 15 millones de personas.
Sin un fuerte liderazgo del Congreso y de los funcionarios estatales y locales, es probable que ese número aumente rápidamente. Casi uno de cada cuatro estadounidenses (solo en inglés) trabaja en un sector que probablemente tendrá un impacto económico debido al virus. Con sus ingresos perdidos o reducidos, las personas pueden verse obligadas a elegir entre pagar sus facturas de servicios públicos, el alquiler o comprar comida.
No solo es incorrecto e inmoral quitarle el agua a aquellos que han perdido sus trabajos sin ser su culpa. En este momento, también es un enorme riesgo para la salud pública. Según los Centros para el Control de Enfermedades, la mejor manera de evitar que el virus se propague es lavarse las manos frecuentemente.
Y también es un problema de justicia ambiental, pues la falta de acceso al agua limpia no afecta a todos por igual. Las ciudades con altas tasas de pobreza, y las ciudades con grandes poblaciones de personas de color, son desproporcionadamente propensas a tener tasas más altas de cierres del agua. Los hogares hispanos y negros gastan una mayor proporción de sus ingresos en facturas de servicios públicos, pero sufren mayores tasas de desconexión.
Grupos comunitarios como We the People of Detroit, Hydrate Detroit, People's Water Board, el Sierra Club y otros, así como la gobernadora de Detroit Gretchen Whitmer (solo en inglés) acordaron abordar esta emergencia de salud pública. El 28 de marzo, firmó una orden ejecutiva que termina con los cierres de agua en el estado y exige que los hogares desconectados del sistema de agua vuelvan a abrir el agua. También autorizó $2 millones de dólares en fondos estatales para volver a conectar los hogares al agua.
La orden de la gobernadora Whitmer debería servir como modelo para las dos terceras partes del país que aún no han declarado una moratoria sobre el cierre del agua. Y debería servir como un recordatorio para las ciudades, estados y pueblos que tienen moratoria de que hay más por hacer.
Mientras el Congreso redacta su cuarto paquete de legislación de alivio COVID-19, espero que los legisladores también tengan en cuenta el ejemplo de Detroit y a la gobernadora Whitmer. El Congreso debe centrarse en asegurarse de que todas las familias estadounidenses cualquiera que sea su nivel de ingresos tengan lo necesario para sobrevivir a esta pandemia, incluyendo el libre acceso a agua limpia y asequible.
Lo que sucede en las comunidades de este país es un recordatorio de que lo normal no es lo suficientemente bueno. En el Sierra Club creemos que no deberíamos estar reconstruyendo la misma economía desigual que solíamos tener, sino la economía más justa y sostenible. La falta de acceso a agua limpia y asequible ya era una emergencia mucho antes de la pandemia. Necesitamos luchar por una nueva normalidad, una normalidad mejor, donde todos puedan abrir el grifo y beber agua limpia.