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En su libro La Batalla por el paraíso, Puerto Rico y el Capitalismo del Desastre (2018) Naomi Klein, una reconocida periodista, dice “entre los escombros del huracán María, los puertorriqueños y los puertopians ultra ricos están enfrascados en una lucha irreconciliable por cómo rehacer la Isla”.
Hoy en el 2022 esas palabras resuenan más que nunca. No es secreto que luego del paso del huracán en el 2017 la isla de Puerto Rico ha tenido que enfrentar un sinnúmero de vicisitudes que han ido desde vivir de las peores crisis energéticas vistas en este hemisferio, hasta temer por la seguridad alimentaria de sus habitantes debido a la pandemia de COVID19. Como si eso no fuera suficiente ahora hay una nueva situación con la que lidiar: los criptomagnates.
Primero habría que explicar qué son las criptomonedas, en palabras simples es dinero digital que no está regido ni respaldado por ninguna institución bancaria ni banco central de ningún país. Y se preguntarán ¿qué de malo tienen y por qué están afectando a los puertorriqueños? Si hablamos puramente del punto de vista ambiental, las criptomonedas son sumamente dañinas a nuestro planeta debido al gran consumo de energía que requiere crearlas (consumo anual de 144.28 TWH, teravatios por hora, esto equivale al 0,66 % de la energía producida en todo el planeta). Y si nos referimos al costo humano, también es alto.
En el año 2012 el entonces gobernador de Puerto Rico, Luis Fortuño, ideó lo que se conocen como las leyes 20-22, las cuales eximen del pago de contribuciones sobre ganancias de capital a extranjeros —la ley los llama “inversionistas residentes”— Es decir, permite un 0% de impuestos a la riqueza de estas personas. ¿Uno de los requisitos para ser beneficiario de este incentivo? Mudarse a Puerto Rico y establecer residencia de al menos 6 meses al año en la isla.
El traslado de capital extranjero hacia la isla no se hizo esperar magnates y figuras del mundo financiero vieron en este archipiélago caribeño un gran paraíso fiscal, y en un principio fueron los típicos personajes del mundo de las finanzas quienes solicitaron la exención contributiva. Pero, con el auge de las criptomonedas a nivel mundial, el panorama ha cambiado y los “criptomagnates” están transformando la vida de los puertorriqueños a pasos agigantados.
El tráfico de recién llegados está causando revuelo en el mercado de bienes raíces particularmente en las comunidades turísticas. Debido a que no hay suficiente inventario para satisfacer la demanda y que los compradores llegan a la isla más rápido de lo que se puede construir el tipo de vivienda que desean, el mercado se está extendiendo, por lo que se está viendo interés en comprar en áreas en las que antes no hubieran sido consideradas.
“A medida que las personas más ricas ganan terreno en otros lugares, perjudica las perspectivas de vivienda y empleo para los isleños”, dijo Raúl Santiago-Bartolomei, profesor asistente de la Escuela Graduada de Planificación de la Universidad de Puerto Rico. “Están haciendo que estas áreas sean inalcanzables para el puertorriqueño de clase trabajadora”, dijo.
Entre diciembre de 2020 y diciembre de 2021, el costo de vida en Puerto Rico aumentó un 7%, el mayor aumento porcentual desde diciembre de 1981. Durante el año pasado, los precios de las viviendas unifamiliares aumentaron más del 18%, según datos federales. En otras palabras, para los puertorriqueños, quienes más del 40% viven bajo la línea de pobreza, se ha vuelto casi imposible comprar una vivienda o incluso hasta alquilarla. Cabe señalar que el año pasado la Ley 22 registró un número récord de solicitantes, ninguno era un puertorriqueño nativo; solo los inmigrantes son elegibles para presentar una solicitud. Y, sin embargo, lo que debería suscitar una condena y preocupación ha provocado en cambio una especie de reacción que va desde afirmar que las preocupaciones del puertorriqueño común y corriente no tienen justificación hasta acusar a los isleños de ser xenófobos contra los estadounidenses.
Esta situación es desafortunada, pero predecible. Los políticos anexionistas, a los que su ideología los lleva a pensar que Puerto Rico debería ser el estado 51 de los Estados Unidos, están comprometidos con la idea de que cualquier influencia e inversión estadounidense en la isla es esencialmente buena, y que los californianos o los habitantes de Rhode Island que se establecen allí simplemente vienen a vivir entre sus compatriotas estadounidenses.
Pero lo que está sucediendo hoy en Puerto Rico desmiente esa fantasía ideológica de la inclusión y la asimilación. La mayoría de los estadounidenses no se mudan a Puerto Rico para construir una comunidad con sus compatriotas caribeños, sino para aprovechar las exenciones fiscales, establecer enclaves y ejercer y expandir su poder económico. Y muchos puertorriqueños no ven esto con buenos ojos, ven a estas personas como invasores del siglo XXI que hacen alarde de su enorme riqueza y privilegio a solo pasos de los boricuas que luchan a diario para al menos llegar a fin del mes con comida sobre sus mesas.
La situación también sirve como un anticipo de las tendencias que solo se acelerarían si la isla obtuviera la condición de estado. Las exenciones fiscales pueden terminar, o puede que no, pero la visión de playas y sol durante todo el año es una realidad. ¿Qué impedirá que miles de jubilados estadounidenses adinerados compren casas de invierno o se muden a Puerto Rico, como lo hacen ahora a estados de clima cálido como Arizona y Florida, desplazando a todavía más puertorriqueños?
Al final del día, el debate que se está librando es si hace una diferencia —no solo económica, sino cultural, política y moral— sobre si es Joe Smith o José Sánchez quien llega a poseer una pequeña porción de ese paraíso llamado Puerto Rico. La respuesta debería ser un rotundo “Sí”, no por un rechazo a los extranjeros, sino como una defensa contra la desigualdad social intensificada por el colonialismo y el capitalismo desbocado, y como una forma de proteger lo que debería ser un vínculo sagrado entre un lugar y su gente. Todavía está por verse cuál será el resultado de toda esta migración de capital y personas que hasta hace poco nunca hubieran considerado a Puerto Rico como un lugar donde establecerse. La idea de una utopía fiscal y social se ha vendido muy bien, es una fantasía al alcance de algunos, excepto de la mayoría de los puertorriqueños, quienes día a día viven una amarga realidad.
En el Sierra Club nos solidarizamos con todo grupo de personas, en este caso los puertorriqueños, que defienden sus tierras ante las amenazas ambientales, económicas y sociales que los pueden llevar al desplazamiento.
ENGLISH TRANSLATION
In her book “The Battle for Paradise, Puerto Rico and Disaster Capitalism” Naomi Klein, a well-known journalist, says “in the rubble of Hurricane Maria, Puerto Ricans and ultra-rich Puertopians are locked in an irreconcilable struggle over how to rebuild the island".
Today in 2022 those words resonate more than ever. It is no secret that after the passage of the hurricane in 2017, the island of Puerto Rico has had to face countless vicissitudes that have ranged from living through the worst energy crises seen in this hemisphere, to fearing for the food security of its inhabitants due to the COVID-19 pandemic. As if that was not enough now there is a new situation to deal with: crypto tycoons.
First, it would be necessary to explain what cryptocurrencies are, in simple words it is digital money that is not governed or supported by any banking institution or central bank of any country. And they will wonder what is wrong with them and why are they affecting Puerto Ricans? If we speak purely from the environmental point of view, cryptocurrencies are extremely harmful to our planet due to the large energy consumption required to create them (annual consumption of 144.28 TWH, Terawatts per hour, this is equivalent to 0.66% of the energy produced in the entire world). planet). And if we refer to the human cost, it is also high.
In 2012, the then Governor of Puerto Rico, Luis Fortuño, created what are known as Laws 20-22, which exempt foreigners from paying taxes on capital gains — the law calls them “resident investors” — It is In other words, it allows a 0% tax on the wealth of these people. One of the requirements to be a beneficiary of this incentive? Move to Puerto Rico and establish residence for at least 6 months a year on the island.
The transfer of foreign capital was immediate, tycoons and figures from the financial world saw in this Caribbean archipelago a great tax haven, and at first it was the typical characters from the world of finance who requested tax exemption. But with the rise of cryptocurrencies worldwide, the landscape has changed and the "crypto tycoons" are transforming the lives of Puerto Ricans by leaps and bounds.
Newcomer traffic is causing a stir in the real estate market, particularly in resort communities. With not enough inventory to meet demand and buyers coming to the island faster than the type of home they want can be built, the market is stretching, so we're seeing interest in buying in areas that had not previously been considered.
“As wealthier people gain ground elsewhere, it hurts housing and employment prospects for islanders,” said Raúl Santiago-Bartolomei, an assistant professor at the University of Puerto Rico Graduate School of Planning. “They are making these areas unattainable for the working-class Puerto Rican,” he said.
Between December 2020 and December 2021, the cost of living in Puerto Rico increased 7%, the largest percentage increase since December 1981. Over the past year, single-family home prices increased more than 18%, according to federal data . In other words, for Puerto Ricans, who more than 40% live below the poverty line, it has become almost impossible to buy a home or even rent it. It should be noted that last year Law 22 registered a record number of applicants, none were native Puerto Ricans; only immigrants are eligible to apply. And yet, what should elicit condemnation and concern has instead elicited a kind of backlash that ranges from asserting that the concerns of ordinary Puerto Ricans are unwarranted to accusing the islanders of being racist and xenophobic against Americans.
This situation is unfortunate, but predictable. Annexationist politicians, whose ideology leads them to think that Puerto Rico should be the 51st state of the United States, are committed to the idea that any US influence and investment in the Island is essentially good, and that Californians or Rhode Islanders who settle there simply come to live among their fellow Americans. But what is happening today in Puerto Rico belies that ideological fantasy for inclusion and assimilation. Most Americans do not move to Puerto Rico to build community with their fellow Caribbean citizens, but rather to take advantage of tax breaks, establish enclaves, and exercise and expand their economic power. And many Puerto Ricans do not see this with good eyes, they see these people as invaders of the 21st century who flaunt their enormous wealth and privilege just steps away where Puerto Ricans struggle daily to at least make ends meet with food on their tables.
What's happening there also serves as a foretaste of trends that would only accelerate if the island were to gain statehood. Tax breaks may or may not end, but the vision of year-round beaches and sun is a reality. What will stop tens or hundreds of thousands of wealthy American retirees from buying winter homes or moving to Puerto Rico, as they now do to warm weather states like Arizona and Florida further displacing the natives?
At the end of the day, the debate that is being waged is whether it makes a difference — not just economically, but culturally, politically and morally — over whether it is Joe Smith or José Sánchez who gets to own a small piece of that paradise called Puerto Rico. The answer should be a resounding “Yes”, not as a rejection of foreigners, but as a defense against the social inequality intensified by colonialism and runaway capitalism, and as a way to protect what should be a sacred bond between a place and its people. It remains to be seen what will be the result of all this migration of capital and people who until recently would never have considered Puerto Rico as a place to settle. The idea of a fiscal and social utopia has been sold very well, it is a fantasy within the reach of far fewer Puerto Ricans who live the bitter reality day by day.
At the Sierra Club we stand in solidarity with all groups of people, in this case Puerto Ricans, who defend their lands against environmental and social threats that can lead to displacement.