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Adaptado al español por Gretchen Fournier del artículo original de Nick Cunningham publicado en la revista Sierra.
En noviembre pasado, la administración de Biden anunció que protegería el Gran Cañón del Chaco en Nuevo México de futuros arrendamientos a las industrias de petróleo y gas. El área se considera culturalmente importante para la tribu Pueblo y la decisión fue vista tanto como una victoria para las naciones indígenas y como un revés para la industria de los combustibles fósiles.
“Ningún grupo de estadounidenses ha creado y se ha preocupado más por preservar lo que heredamos que las naciones tribales”, dijo Biden al hacer el anuncio. “Tenemos que seguir defendiendo la dignidad y la soberanía de las mismas”. Calificó la medida como una victoria para esas comunidades y para la lucha contra el cambio climático.
Sin embargo, solo dos días después, la administración Biden realizó una gran subasta para nuevos arrendamientos de petróleo y gas en el Golfo de México. La venta de arrendamientos había sido ordenada por un juez federal, quien a principios de 2021 había dictaminado que la administración no había seguido la ley al detener las ventas de petróleo y gas. Sin embargo, los ecologistas estaban consternados. Earthjustice calificó la venta de arrendamientos como una "gran bomba". Los movimientos contradictorios (bloquear el desarrollo de petróleo y gas en un área pero dar luz verde a una expansión en otra) son un ejemplo del enfoque de esta administración sobre el cambio climático. Si bien han dado algunos pasos importantes para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero de EE. UU., la renuencia a confrontar directamente a la industria del petróleo y el gas se está volviendo cada vez más evidente, según grupos ambientalistas e Indígenas.
Durante sus primeros días en el cargo, Biden canceló el oleoducto Keystone XL y ordenó al Departamento del Interior que detuviera el arrendamiento de petróleo y gas en tierras federales mientras realizaba una revisión exhaustiva de los programas. Esos movimientos señalaron que el cambio climático sería un tema central para la era Biden. También en abril celebró una cumbre internacional con líderes mundiales, durante la cual anunció un nuevo objetivo de emisiones: Estados Unidos apuntaría a reducir las emisiones entre un 50 y un 52 por ciento para 2030. El anuncio también animó a otros países a aumentar su ambición.
Durante el verano, el Departamento del Tesoro presionó a los bancos de desarrollo para que pusieran fin al financiamiento para la mayoría de los proyectos de combustibles fósiles, y el otoño pasado, la Agencia de Protección Ambiental EPA (por sus siglas en inglés), anunció nuevas regulaciones sobre las emisiones de metano. Justo antes de Navidad, la EPA dio a conocer nuevos y estrictos estándares de combustible para automóviles y camiones, un movimiento especialmente importante, dado que el transporte es la mayor fuente de emisiones de gases de efecto invernadero en los EE.UU.
A pesar de estos movimientos, el historial climático de Biden hasta la fecha ha sido más fragmentario que transformador. La Casa Blanca aún no está empleando todas las herramientas disponibles para abordar esta crisis. Hasta ahora, la administración de Biden parece estar dando prioridad a las acciones fáciles y evitando movimientos que podrían antagonizar a sus enemigos políticos, como la poderosa industria del petróleo y el gas.
Por ejemplo, Biden ha guardado silencio sobre una larga lista de proyectos en los que los grupos ambientalistas, las comunidades Indígenas y otros movimientos de base locales lo han presionado. No tomó posición sobre el oleoducto de la Línea 3 y no ha dicho nada sobre el oleoducto de la Línea 5, a pesar de que una docena de naciones Indígenas en Michigan, junto con una coalición de organizaciones de justicia ambiental y el gobernador demócrata de Michigan, buscan el cierre del mismo.
En primavera, un juez federal le dio al Cuerpo de Ingenieros del Ejército, que está bajo el control de la administración, múltiples oportunidades para solicitar el cierre del oleoducto Dakota Access debido al hecho de que está operando sin una servidumbre válida. En cambio, en abril, el cuerpo mantuvo la política de la administración Trump y permitió que el oleoducto en disputa siguiera operando. Y el verano pasado, el Departamento del Interior suspendió los contratos de arrendamiento en el Refugio Nacional de Vida Silvestre de Alaska. Pero, al mismo tiempo, el Departamento de Justicia defendió el proyecto Willow, un desarrollo petrolero masivo dirigido por ConocoPhillips (una corte federal más tarde anuló los permisos para el proyecto).
No parece haber una filosofía general que explique por qué la Administración actúa en un área y no en otra, aparte de lo que parece ser un deseo de evitar una confrontación seria con la industria petrolera. “Escogen y eligen las cosas que van a ser más fáciles”, dijo a Sierra Joye Braun, organizadora de la campaña nacional de oleoductos de la Red Ambiental Indígena.
Braun elogió la cancelación de Keystone XL por parte de la Administración y el nombramiento de Deb Haaland, miembro de Laguna Pueblo, para dirigir el Departamento del Interior. Pero, debajo de tanta retórica, hay mucha continuidad con el enfoque habitual de las administraciones anteriores. “Trump fue muy abierto: ‘Vamos a hacer toda esta extracción, y vamos a hacer todo este daño, y no hay nada que puedas hacer al respecto'”, dijo Braun, resumiendo el enfoque de Trump. “Biden está siendo astuto”.
Cuando se le preguntó cómo describiría el enfoque de la administración Biden hacia los pueblos Indígenas, respondió, "paternalista". En comunicaciones con la Casa Blanca, Braun dijo que los funcionarios de Biden señalan sus logros sobre el cambio climático y cuestionan por qué las comunidades Indígenas y otros activistas todavía los critican. “No me voy a sentar ahí y jugar a ser la buena India”, agregó. “Hay una historia en la tradición Lakota llamada “la mujer de doble cara”. Comparo [a Biden] con esa historia”, dijo Braun con una sonrisa.
Para algunos defensores del medio ambiente, un claro ejemplo de la alergia de la administración a las decisiones difíciles se produjo a fines de noviembre, cuando el Departamento del Interior publicó su muy anticipada revisión del programa federal de arrendamiento de petróleo y gas. En lugar de poner fin a los nuevos arrendamientos de petróleo y gas en tierras y aguas públicas, como esperaban muchos grupos ambientalistas y prometió el propio Biden en la campaña electoral, el informe simplemente pedía tasas de regalías más altas y recomendaba no arrendar en áreas sensibles. En otras palabras, no habría ningún cambio significativo en la bonanza de combustibles fósiles en tierras públicas.
La renuencia a eliminar gradualmente la perforación de petróleo y gas en tierras públicas es especialmente problemática, ya que reside en un área legal donde el presidente tiene una fuerte autoridad ejecutiva para actuar y no necesita al Congreso.
La administración Biden está apostando gran parte de su legado climático en los $550 mil millones en fondos para energía renovable, vehículos eléctricos y otros programas climáticos en la Ley Build Back Better, la cual continúa estancada en el Senado. Los expertos dicen que el cambio a la energía renovable se acelerará sustancialmente si los demócratas logran convertir esa legislación en ley. Pero las fuertes inversiones en energías renovables no son suficientes por sí solas, especialmente cuando la industria del petróleo y el gas aún apuntan al crecimiento.
"Hacer frente a la crisis climática requiere grandes inversiones en energía renovable y detener de inmediato la expansión de los combustibles fósiles", dijo Athan Manual, director del Programa de Protección de Tierras del Sierra Club. "El presidente Biden ha dejado claro que comprende la necesidad de este esfuerzo de todas las manos a la obra, pero esa comprensión aún debe combinarse con la ambición para que sea una realidad".
En el Sierra Club seguimos luchando incansablemente a diario para motivar a todas las administraciones a que tomen el cambio climático como una prioridad dentro de sus agendas. Nuestro apoyo a las naciones Indígenas y a todos los grupos ambientalistas es inquebrantable.