Corte Federal Exige a la EPA Que Haga Cumplir los Derechos Civiles

(English follows)

Oakland, CA — Comunidades de todo el país aplauden una decisión de juez federal que requiere que la Agencia de Protección Ambiental (EPA) cumpla con la ley e investigue quejas de derechos civiles oportunamente.

La decisión surge de una demanda presentada en 2015 por grupos comunitarios contra la EPA por el rechazo de la agencia de investigar sus quejas de derechos civiles durante más de una década en violación de la ley federal.

La Jueza de Distrito Saundra Brown Armstrong además negó hoy el intento de la EPA de alterar el dictamen de la corte y retirar una orden que requiere específicamente que la agencia respete la ley de quejas de derechos civiles en el futuro.

La EPA es responsable de que los beneficiarios públicos y privados de su financiación cumplan con el Título VI de la Ley de Derechos Civiles de 1964, la cual prohíbe la discriminación basada en la raza, color o nacionalidad de origen. Las reglas de la EPA requieren que la agencia complete sus investigaciones sobre quejas de derechos civiles presentadas en virtud de Título VI en 180 días, pero una y otra vez, la EPA ha fracasado en completar investigaciones oportunamente, a veces por décadas, dejando a los grupos comunitarios al desamparo legal. Hoy la corte reafirmó que la EPA tiene que cumplir con la ley.

El Padre Phil Schmitter del Centro de Oración St. Francis, declaró, “La EPA tiene una larga historia de ignorar la aplicación de los derechos civiles”. En 1992, el Centro de Oración St. Francis presentó una queja a la EPA alegando que el departamento ambiental de Míchigan discriminó al aprobar un permiso para la Planta Térmica Genessee en el área de Flint, ciudad que ya tenía más de 200 instalaciones contaminadoras. La EPA aceptó investigar la queja, pero esta acumuló polvo durante décadas. En 2017, 25 años tras que el Centro de Oración St. Francis presentara su queja, la EPA finalmente emitió una resolución de discriminación.

“No fue hasta que fuimos a la corte, junto con otros grupos comunitarios cuyas quejas también fueron ignoradas, que la EPA actuó”, dijo el Padre Schmitter. “Mientras tanto, los residentes de Flint han vivido en la sombra de instalaciones contaminadoras. La EPA no exigió rendición de cuentas al estado por discriminación, y permitió a la agencia estatal insistir en esta apatía mucho más tiempo del que debió”.

“Si la EPA hubiera investigado la queja del Centro de Oración St. Francis oportunamente hace 20 años, podíamos haber visto mejoras en los procesos y políticas estatales que podían haber evitado más tragedias, como la crisis de agua potable de Flint”, dijo Suzanne Novak, abogada de Earthjustice. “Es por ello que el acceso a las cortes es crucial. Sin la rendición de cuentas a una corte, la EPA podría no haber actuado en absoluto”.

La decisión de hoy surge de un caso presentado por Californianos por la Energía Renovable (CARE), Organización Comunitaria Ashurst Bar/Smith, Ciudadanos por Alternativas a Vertidos Nucleares, el Centro de Oración St. Francis, el Sierra Club y un individuo, Michael Boyd. Los demandantes alegaron que la EPA no emitió conclusiones previas sobre sus quejas administrativas en virtud del Título VI de la Ley de Derechos Civiles en 180 días como la requiere la ley.

La corte previamente había emitido una decisión a favor de los grupos comunitarios, dictando que el retraso de la EPA en gestionar sus casos violó la ley. La decisión de hoy rechazó la objeción de la EPA al dictamen de la corte.

“La EPA parece estar más interesada en litigar contra comunidades que en aplicar la ley de derechos civiles. Esto tiene que cambiar”, dijo Phyllis Gosa, quien presentó una queja en 2003 contra el Departamento de Gestión Ambiental de Alabama.

“Presentamos una queja de derechos civiles por discriminación en la entrega de permisos ambientales. Ya es hora de que la EPA actúe oportunamente para combatir las disparidades raciales en la exposición a la contaminación”, dijo Michael Boyd, quien presentó la queja de CARE en 2000 en oposición a la entrega de permisos por parte de agencias estatales y regionales de calidad del aire que tuvieron impactos raciales desproporcionados en las comunidades de color de Pittsburg, California.

Un escandaloso informe de NBC y el centro de Integridad Pública descubrió que más del 90% de las quejas de derechos civiles a la EPA fueron rechazados o desechados. De hecho, la Oficina Externa de Cumplimiento de Derechos Civiles de la EPA concluyó una sola vez que los derechos civiles de alguien fueron violados cuando la querella fue presentada en 2015. La queja del Centro de Oración St. Francis de Flint fue resaltado en un informe emitido esta semana por la Oficina del Inspector General (OIG) de la EPA, el cual reveló que la agencia no ofreció la necesaria supervisión para asegurarse de que los beneficiarios de la financiación de la EPA cumplían con el Título VI.

“La EPA continuó litigando este caso durante años, oponiéndose incluso a una orden judicial que decía esencialmente que la agencia tiene que obedecer la ley. La EPA tenía que haber tomado las medidas delineadas por el informe del OIG para encarar las inequidades raciales en las decisiones ambientales que han causado descaradas disparidades raciales en la localización de instalaciones contaminadoras y en la exposición a la contaminación”, dijo Marianne Engelman Lado, directora de la Clínica de Justicia Ambiental de la Escuela de Leyes de Vermont.

“La corte ha hablado, lo cual hace de este un buen día en la larga batalla por los derechos civiles en este país”, dijo Neil Carman, quien ha presentado una queja contra una agencia estatal cuya decisión otorgó un permiso para aumentar las emisiones de una instalación de Mobil Oil en Beaumont, Texas, la cual se asienta al lado de una comunidad expuesta a la contaminación de la refinería.

“Pese a que la decisión de la corte aporta algo de justicia, a fin de cuentas, actuar en defensa de los derechos civiles es más necesario que nunca. Los estados continúan otorgando permisos a más y más instalaciones en áreas ya contaminadas, y la EPA sigue sin tener un programa efectivo de defensa de los derechos civiles”, dijo Deborah Reade, quien trabajó con Ciudadanos por Alternativas a Vertidos Nucleares en una queja presentada a la EPA contra el Departamento Ambiental de Nuevo México por discriminar contra residentes hispanohablantes.

Aquí encontrará la orden de la jueza y más información sobre los casos incluidos en la querella. Los grupos comunitarios están representados por Earthjustice y la Clínica de Justicia Ambiental de la Escuela de Leyes de Vermont.

(English)

Federal Court Still Requires EPA to Enforce Civil Rights
Court rules in favor of communities, holding EPA accountable for failing to investigate civil rights complaints in a timely manner.

OAKLAND, CA. October 2, 2020: Communities across the country applaud a ruling by a federal judge requiring EPA to follow the law and investigate civil rights complaints in a timely manner.
The decision resulted from a lawsuit filed by community-based groups in 2015 against the U.S. Environmental Protection Agency challenging the agency’s failure to investigate their civil rights complaints for more than a decade in violation of federal law.

District Court Judge Saundra Brown Armstrong today denied EPA’s motion to alter the court’s judgment to remove from it an order specifically requiring EPA to follow the law for civil rights complaints filed in the future.

EPA is responsible for ensuring that public and private recipients of its funding comply with Title VI of the Civil Rights Act of 1964, which prohibits discrimination on the basis of race, color, or national origin. EPA’s rules require that the agency complete its investigations into civil rights complaints filed under Title VI within 180 days, but time and again, EPA has failed to complete investigations in a timely way, sometimes for decades, leaving community groups with no recourse. Today the court reaffirmed that the EPA must comply with the law.

Father Phil Schmitter of the St. Francis Prayer Center stated, “The EPA has a long history of failing to enforce civil rights.” In 1992, the St. Francis Prayer Center filed a complaint with the EPA alleging that Michigan’s state environmental department discriminated by approving a permit for the Genessee Power Station in an area of Flint, Michigan that already had more than 200 polluting facilities. EPA accepted the complaint for investigation, but then the complaint gathered dust for decades.

In 2017, 25 years after the St. Francis Prayer Center filed its complaint, EPA finally issued a finding of discrimination. “It wasn’t until we went to court, along with other community groups whose complaints were also ignored by EPA, that EPA took any action,” said Fr. Schmitter. “Meanwhile, residents of Flint have lived in the shadow of polluting facilities. EPA failed to hold the state accountable for discrimination, allowing our state agency to carry on with its ways for decades longer than it should have.”

“If EPA had investigated St. Francis Prayer’s Center’s complaint in a timely manner 20 years ago, we might have seen improvements in state procedures and policies that could have avoided future tragedies like the Flint drinking water crisis,” said Suzanne Novak, staff attorney at Earthjustice. “That is why access to the courts is so critical. Without accountability to a court, EPA might never have acted at all.”

The ruling today came in a case filed on behalf of Californians for Renewable Energy (CARE), Ashurst Bar/Smith Community Organization, Citizens for Alternatives to Radioactive Dumping, the St. Francis Prayer Center, Sierra Club, and an individual, Michael Boyd. The plaintiffs alleged that EPA failed to issue preliminary findings regarding their administrative complaints filed under Title VI of the Civil Rights Act within 180 days as required by law.

The court had previously issued a decision in favor of the community groups, finding EPA’s delay in handling their cases violated the law. Today’s decision rejected EPA’s objection to the court’s judgment. “EPA seems to have more interest in litigating against communities than enforcing civil rights law. This has to change.” said Phyllis Gosa, who filed a complaint in 2003 against the Alabama Department of Environmental Management. “We filed a civil rights complaint to address discrimination in environmental permitting. It’s high time EPA took timely action to address racial disparities in exposure to pollution,” said Michael Boyd, who filed the 2000 CARE complaint to challenge permitting decisions by state and regional air agencies that had racially disproportionate impacts on communities of color in Pittsburg, California.

A scathing report from NBC and Center for Public Integrity uncovered that more than 90% of civil rights complaints to the EPA were rejected or dismissed. In fact, the EPA's External Civil Rights Compliance Office had only once formally found that anyone's civil rights were violated when the lawsuit was filed in 2015. The St. Francis Prayer Center complaint from Flint was highlighted in a report issued just this week by EPA’s Office of Inspector General (OIG), which found that EPA had failed to provide the necessary oversight to ensure that recipients of EPA funding comply with Title VI. “EPA continued to litigate this case for years, challenging even a court mandate that essentially said that the agency needs to follow the law. Instead, EPA should have been taking the steps outlined in the OIG report to address the racial inequalities in environmental decision-making that have led to gross racial disparities in the location of polluting facilities and exposure to environmental contamination,” said Marianne Engelman Lado, the director of the Environmental Justice Clinic at Vermont Law School.

“The court has spoken. Which makes it a good day in the long-standing battle for civil rights in this country.” said Neil Carman, who had filed a complaint against a Texas state agency challenging its decision to grant a permit amendment to allow increases in emissions at a Mobil Oil facility in Beaumont, Texas, that is sited next to an environmental justice community suffering from the refinery's air pollution.

“Even though the court ruling brings some justice, at the end of the day, action in defense of civil rights is more necessary than ever. States continue to give permits to more and more facilities in already polluted areas, and EPA still doesn’t have an effective civil rights program,” said Deborah Reade, who worked with the Citizens for Alternatives for Radioactive Dumping on a complaint filed with EPA against the New Mexico Environmental Department for discriminating against Spanish-speaking residents.

Additional information on the cases that led to the lawsuit can be found here. The community groups are represented by Earthjustice and the Environmental Justice Clinic at Vermont Law School.

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