(Foto: US Customs and Border Protection)
Ya han pasado más de 40 días desde que María asoló Puerto Rico, y los residentes de la isla todavía carecen de las necesidades básicas mientras que las secuelas de la tormenta siguen siendo visibles y peligrosas. Más del 70% de la isla sigue sin electricidad, el acceso a agua limpia sigue siendo restringido, y, atónitos presenciamos cómo las autoridades tienen que tomar la decisión de incinerar más de 900 cadáveres porque no tienen la capacidad de realizar sepelios dignos.
Mientras tanto, la administración Trump no provee un número adecuado de representantes del Cuerpo de Ingenieros del Ejército, ha arrojado toallas de papel a los necesitados, dice que se tardará 100 días en reconstruir Puerto Rico —cuando incluso el Plan Marshall tardó seis años en reconstruir Europa tras la Segunda Guerra Mundial—, y está enmarañada en el creciente escándalo de Whitefish Energy, el cual está investigando el FBI. Estos ciudadanos estadounidenses están desesperados por recibir ayuda y atención, pero Donald Trump y quienes deberían estar ayudando a Puerto Rico parecen más centrados en buscar peleas políticas y confrontar investigaciones y acusaciones.
El escándalo de Whitefish, solo el más reciente de esta administración, sigue estallando. Un contrato de $300 millones extremadamente cuestionable fue otorgado a una compañía de dos personas sin prácticamente ninguna experiencia significativa, y menos para afrontar un proyecto que cubriría 1.000 millas, asombró de inmediato a propios y extraños. El absurdo contrato de Whitefish incluía cláusulas por las que agencias gubernamentales no tenía derecho a auditar ni revisar los costos y las ganancias del acuerdo, y que el gobierno de Puerto Rico renunciaba a cualquier queja contra la compañía por incumplimiento de contrato.
Pero los problemas de Whitefish van mucho más allá de su absurdo contrato. Los interrogantes comenzaron a acumularse cuando se descubrió que el secretario del Interior, Ryan Zinke, no es meramente del mismo pueblo que el director de la compañía, sino que tiene profundos vínculos personales con él. El mismo hijo de Zinke trabajó en Whitefish. Tras que la compañía obtuviera el suculento contrato, buscó la asistencia de Zinke —no de sus senadores o representante— porque era él quien podía llevar a cabo la tarea. Y hace menos de un año Zinke se esforzó en ayudar a la compañía a lograr otro contrato, prueba de que él sabe cómo ayudar a sus amigos de Whitefish. Ahora, congresistas de ambos partidos piden una investigación sobre cómo logró Whitefish este contrato, y el mismo FBI ha comenzado su propia indagación al respecto.
Las conexiones de Whitefish Energy van mucho más allá de Zinke. HBC Investments, la firma de capital privado que financió a Whitefish, fue fundada por Joe Colonnetta, quien actúa como su socio general. Historiales de campañas federales muestran que Colonnetta contribuyó con más de $25.000 a Trump y su PAC, más de $50.000 al actual secretario de Energía, Rick Perry, y solo en 2016, $30.700 al Comité Nacional Republicano.
Pero Whitefish no es la única firma cuestionable que obtiene un masivo contrato para trabajar en Puerto Rico. Cobra Acquisitions, la cual se fundó este año y es subsidiaria de Mammoth Energy —una gran compañía de fracking que está basada en Oklahoma, el estado de Scott Pruitt, el administrador de la EPA—, recibió un contrato de $200 millones para trabajar en la restauración de la red eléctrica de la isla. Nunca antes había logrado Cobra un contrato gubernamental, es una subsidiaria de una compañía de fracking y carece de experiencia en obras de reparación, especialmente de la magnitud que requiere Puerto Rico.
Los actos —o la falta de ellos— de la administración Trump o han fracasado en su intento de ayudar al pueblo de Puerto Rico o han carecido de intensidad. La devastación causada por el Huracán María no debe usarse para enriquecer a empresarios amigos, pero eso es exactamente lo que ha ocurrido aquí. El sindicato de trabajadores del sector eléctrico de Puerto Rico están laborando las 24 horas del día para restaurar el flujo eléctrico en una red resistente a los embates del clima alimentada por energía solar. La administración Trump debería concentrarse en empoderar a los puertorriqueños y trabajar para que recuperen el suministro de electricidad y no llenar los bolsillos de compañías con poca o ninguna experiencia y vínculos potenciales con Washington.
Los puertorriqueños, como todos los estadounidenses, merecen saber cómo un significativo contribuyente a las campañas de Trump y Perry y un cercano contacto de Zinke lograron un contrato de $300 millones que fueron incapaces de cumplir. Lástima que la Casa Blanca no quiera responder estas preguntas, así que el Congreso tiene que escuchar a los puertorriqueños que exige respuestas —incluyendo 30.000 miembros del Sierra Club— y actuar. Millones de ciudadanos estadounidenses han estado demasiado tiempo sin electricidad, acceso fiable a agua limpia, dignidad humana básica y sin respuestas.
Ramón Cruz es natural de Puerto Rico y miembro de la Junta Directiva Nacional del Sierra Club