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Mil doscientas veinte y cinco, ese es el número de playas que tiene la isla de Puerto Rico. Y en el 1968, hace 54 años, entró en vigor La Ley de Muelles y Puertos que define la zona marítimo terrestre como: “el espacio de las costas de Puerto Rico que baña el mar en su flujo y reflujo, en donde son sensibles las mareas, y las mayores olas en los temporales en donde las mareas no son sensibles”. Según esta ley, la zona marítimo terrestre incluye los terrenos ganados al mar y los márgenes de los ríos hasta donde sean navegables o se hagan sensibles las mareas. Y como todos los bienes públicos de uso público, la zona marítimo terrestre pertenece a todas las personas, al pueblo, a los puertorriqueños.
Puerto Rico lleva décadas sufriendo una depresión económica que a su vez se ha acrecentado, y asentado, debido a un sinnúmero de situaciones fuera del control de sus habitantes. En el 2017 un huracán de categoría 5, María, azotó a la isla por espacio de 24 horas, sumiendo al país y sus habitantes en una de las peores crisis energéticas que jamás se haya visto de este lado del mundo. Al año de ese fenómeno ambiental la parte sur de la isla fue víctima de fuertes sismos que terminaron por destruir lo poco que María había dejado a su paso y a solo dos años del huracán y uno de los terremotos la pandemia del COVID-19 llegó. ¿Qué tiene que ver esta larga lista de sucesos con las playas de Puerto Rico? Mucho.
El Gobierno de la llamada Isla del Encanto, además de ser señalado en repetidas ocasiones por corrupción y negligencia, ha sido uno enemigo del medio ambiente y las administraciones de las pasadas tres décadas han visto la venta de los recursos naturales de Puerto Rico como opción de “mejorar la economía de la Isla”. En el 2012 el entonces Gobernador Luis Fortuño ideó una Ley conocida como la 20-22, hoy en día Ley 60, la cual concede a individuos estadounidenses exenciones contributivas con respecto al ingreso, producto de inversiones, devengado por individuos que se muden a Puerto Rico y vivan en la isla por lo menos seis de los doce meses del año.
Está de más decir que estudios revelan que la ley no ha hecho mucho por la economía puertorriqueña, pero sí ha hecho mucho para agrandar la brecha de desigualdad social en la cual ya vivía la mayoría de los residentes del país y poner en peligro los recursos naturales de la Isla. Una parte importante de esta situación es la privatización de las playas para el disfrute de estos magnates que vienen a la isla cobijados por la Ley 60 (antes 20-22). Pero esta lucha no es de ahora, los grupos ambientalistas, entre ellos el capítulo de Puerto Rico del Sierra Club, llevan décadas liberando esta batalla. Alberto De Jesús, mejor conocido como Tito Kayak, es un activista ambiental-político y fundador del grupo Amig@s del Mar que lleva años levantando bandera sobre las injusticias ambientales sufridas por Puerto Rico.
Más reciente el ingeniero y agricultor Eliezer Molina, quien en el 2020 corrió de forma independiente para la gobernación de Puerto Rico, se ha solidificado como el líder de facto del movimiento Las Playas Son Del Pueblo. El Sr. Molina usa sus redes sociales para emplazar al gobierno y quienes se benefician de las acciones corruptas e ilegales de la administración de turno. El caso más sonado hasta el momento es el de la playa Los Almendros en Rincón.
Activistas y estudiosos de los bienes de dominio público vieron en esta controversia, donde se pretendía construir una piscina privada en área marítimo terrestre, la lucha ambiental más importante en la historia reciente en Puerto Rico. El Sr. Molina junto a muchos otros descubrieron que el permiso de construcción del desarrollador era ilegal, un tribunal falló a favor de los grupos ambientalistas pero hasta el momento el desarrollador no ha removido el equipo de construcción ni derribado lo ya construido. Otra revelación en el caso de Los Almendros fue que un primo del actual gobernador de Puerto Rico tiene una residencia vacacional en el edificio donde se pretendía construir la piscina. Una vez más el brazo largo de la corrupción se hace presente.
Son muchos otros los casos que están saliendo a la luz pública en donde se destapa una maraña de mentiras y situaciones ilegales que ponen en peligro ecosistemas, cuerpos de agua y tierras necesarias para la agricultura, en fin, los recursos naturales del país. En última instancia luego de tantos años de colonización, desplazamiento e injusticias lo menos que merecen los puertorriqueños es poder ir a disfrutar libremente de lo que por derecho les pertenece, sus playas.
El Sierra Club, y su capítulo de Puerto Rico, se solidarizan con la lucha del movimiento Las Playas Son Del Pueblo. Seguiremos trabajando en equipo para proteger los recursos naturales de la Isla.