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Como país estamos retrocediendo hacia la era de Jim Crow, en los años 1940 y 50, cuando para la gente de color, votar era más una victoria que un derecho constitucional.
Hoy, en los Estados Unidos de Donald Trump, a solo tres meses de las cruciales elecciones generales del 6 de noviembre, nos enteramos de que antes de los comicios de 2016, los estados purgaron a unos 16 millones de votantes de las listas electorales del país.
Según un estudio del Brennan Center for Justice (BCJ), estos votantes purgados —en su mayoría gente humilde o miembros de minorías— fueron víctimas de inexactitudes e incluso decisiones ilegales de la burocracia estatal. El reporte enfatiza que entre 2014 y 2016, el incremento en la purga de votantes fue de un 33% con respecto al periodo anterior.
Las burocracias estatales solo pueden eliminar nombres de la listas electorales en caso de que la persona sea menor de 18 años, no sea ciudadana, si ha cometido algún crimen mayor, si es enferma mental, si se ha mudado o si ha fallecido. Pero varios estados usaron criterios draconianos para eliminar a votantes de las listas, como no haber votado en una elección o no haber respondido a una notificación por correo.
Otro factor que incidió en este escándalo, agrega el BCJ, fue purgar las listas electorales tres meses antes del día de elecciones, sin haber mandado notificación alguna a los votantes afectados. Según el reporte, Florida, Nueva York, Carolina del Norte y Virginia han realizado purgas ilegales en los últimos cinco años, y cuatro estados más —Alabama, Arizona, Indiana y Maine— han violado la ley federal en la eliminación de votantes.
La purga ilegal es solo una forma de supresión de voto. Las leyes de identificación del votante (voter ID laws) exigen presentar formas de identificación que son particularmente difíciles de obtener para votantes de bajos ingresos o miembros de minorías. Estados como Texas o Alabama exigen la obtención de la licencia de manejar y seguidamente cierran varias de las oficinas donde se expiden esos documentos en comunidades humildes o minoritarias. Otras tácticas incluyen la eliminación de días de votación o la reducción de los lugares de votación en esas mismas comunidades para dificultar aún más este derecho consagrado en la Constitución.
Los autores de esta supresión del voto alegan que solo pretenden evitar el fraude electoral. Pero esta es una solución en desesperada busca de un problema. En 2014, el Washington Post publicó un exhaustivo estudio que reveló que de mil millones de boletas depositadas en Estados Unidos entre 2000 y 2014, solamente 31 fueron casos creíbles de fraude electoral; es decir, un 0,000003% del total de votos.
Es mucho lo que usted puede hacer para evitar estas tácticas deshonestas e incluso ilegales:
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Regístrese para votar y asegúrese de que su información es correcta.
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Si ya está registrado, verifique su información un mes antes de la votación.
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Vote por correo si su estado lo autoriza.
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Vote antes del día de las elecciones si su estado lo autoriza.
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Llame a 1-888-VE-Y-VOTA (888-839-8682) para que le den la información bilingüe necesaria para votar en su comunidad.
El 6 de noviembre habrá elecciones en todo el país, desde el Congreso Federal hasta las contiendas más locales. Será su oportunidad de purgar a los malos políticos que amenazan la limpieza del agua y el aire, el combate contra el cambio climático, y más importante aún, el futuro y la seguridad de su familia.