José Menéndez
“Me duele Puerto Rico”, me confesó hace poco un buen amigo boricua. Y no es para menos. La isla a duras penas se recupera de la peor catástrofe ambiental de su historia en medio de la desidia del gobierno federal mientras los buitres del capitalismo de desastre dan vueltas sobre el alma de la isla.
Puerto Rico también me inspira profunda admiración por un pueblo que ante devastadoras circunstancias, se niega a doblar la rodilla. Y esto lo volvimos a ver durante el paro nacional del primero de mayo que movilizó a cientos de miles de personas contra las draconianas medidas de austeridad del gobierno local y la Junta de Supervisión Fiscal, la entidad dependiente del Congreso Federal para gestionar los $70.000 millones de deuda de la isla.
“Los capitalistas del desastre, la administración Trump e incluso líderes locales quieren obligar al pueblo puertorriqueño a vender los bienes públicos para cumplir con injustas obligaciones de deuda a bancos internacionales”, dijo José Menéndez, presidente del Capítulo de Puerto Rico del Sierra Club. “No vamos a permitir que los huracanes María e Irma se usen como excusa para robar los bienes más valiosos del pueblo de Puerto Rico”.
Uno de esos bienes es el sector energético, el cual es de especial relevancia ya que se tardó siete meses en restablecer la energía eléctrica en la isla tras el peor apagón de la historia de Estados Unidos, causado por el embate de los huracanes María e Irma. En febrero, el Gobernador Ricardo Rosselló propuso la privatización de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) —un ente público declarado en bancarrota — y el debilitamiento de la Comisión de Energía, encargada de monitorear a AEE.
El escándalo protagonizado por Whitefish Energy —una empresa de dos empleados vinculada al Secretario del Interior, Ryan Zinke, que logró un contrato de $300 millones para reparar la red eléctrica de la isla— ilustra los peligros de la privatización. Hace meses, AEE otorgó el contrato sin concurso previo; y tras solo semanas de incompetencia y acusaciones de corrupción, el Gobernador Rosselló lo canceló y el FBI empezó a investigarlo. Mientras tanto, millones de puertorriqueños seguían a oscuras.
El 99% de la electricidad de Puerto Rico viene de combustibles fósiles, lo cual hace que la cuenta de la luz sea el doble de cara que el promedio de Estados Unidos. Y ahora el gobiernopropone reemplazar el vetusto sistema eléctrico construyendo más plantas de combustibles fósiles e incluso un incinerador de basura.
La isla tiene una oportunidad histórica de construir una red basada en la energía limpia —como las microrredes de energía solar— que la convertiría en un líder nacional en el desarrollo de tecnologías limpias y descentralizadas que beneficiarían a todos los habitantes de la isla y la prepararía para confrontar casos de clima extremo.
Pero para lograr esto, y para reconstruir las 500.000 viviendas y la mayoría de la infraestructura de la isla devastadas por María, el gobierno federal tiene que entregar los $90 mil millones que se estima que costará la reconstrucción de Puerto Rico.
La Alcaldesa de San Juan, Carmen Yulín Cruz, califica la respuesta federal a la mayor catástrofe en la historia de Puerto Rico como “una violación de nuestros derechos humanos”. No solo se trata de entregar los recursos necesarios para una reconstrucción justa y ecuánime. También hay que tratar a nuestras hermanas y hermanos puertorriqueños como ciudadanos estadounidenses de primera clase.
Porque a todos nos duele Puerto Rico.