J. Sierra
Como el clásico de Hollywood “12 Hombres sin Piedad”, los cuatro magistrados de la Corte Suprema que votaron en contra de las órdenes ejecutivas del Presidente Obama sobre inmigración, se mostraron despiadados ante una tragedia nacional que afecta a millones de seres humanos.
En el film, uno solo de esos 12 convence al resto de tomar la decisión correcta. En la versión de la vida real, no hay final feliz. Los magistrados John Roberts, Clarence Thomas, Anthony Kennedy y Samuel Alito confirmaron la decisión de una corte inferior que impidió que las iniciativas presidenciales hubieran protegido legalmente a los padres indocumentados de ciudadanos o residentes legales. Los restantes cuatro magistrados rechazaron la decisión y el consecuente empate automáticamente preservó el dictamen original.
Hoy millones de inmigrantes indocumentados permanecen en un angustioso limbo legal y a merced de los contaminadores por todo el país. Porque tenemos que recordar que el grupo poblacional más indefenso a los efectos de la contaminación de combustibles fósiles son los inmigrantes indocumentados de habla hispana.
Según un estudio de la Washington State University, “los barrios de inmigrantes hispanos en desventaja económica y que no hablan inglés tienen más probabilidades de estar expuestos a tóxicos cancerígenos aéreos que cualquier otra comunidad de Estados Unidos”.
Y agrega: “Los peligrosos contaminantes del aire pueden causar cáncer y otros defectos congénitos graves. La mayoría procede de automóviles y fuentes industriales como factorías, refinerías y plantas de combustión de carbón”.
Al vivir en las sombras de nuestra sociedad en constante miedo a ser deportados, estos trabajadores y sus familias permanecen herméticos y desinformados sobre los peligros de la degradación medioambiental a los que están expuestos. Tienen solo dos preocupaciones fundamentales: no ser atrapados por las autoridades migratorias y trabajar en lo que sea para proveer para sus familias aquí o en sus países de origen.
Es por ello que hace tres años, el Sierra Club apoyó la reforma migratoria con una vía a la ciudadanía para estos 11 millones de personas.
“Estableciendo una vía justa hacia la ciudadanía, podemos potenciar a los más vulnerables a la contaminación tóxica para participar plenamente en el sistema democrático, defenderse contra los contaminadores, y exigir protecciones a la salud pública y soluciones de energía limpia”, declaró el grupo medioambiental.
En estos tres años, la necesidad de defenderse contra los contaminadores se ha hecho incluso más urgente, como demuestran las evidencias científicas.
Investigadores suecos y británicos han develado que la contaminación de combustibles fósiles en el aire —especialmente el dióxido de nitrógeno— aumenta la incidencia de las enfermedades mentales en los niños.
“Los niños son particularmente vulnerables a la mala calidad del aire probablemente porque sus estilos de vida más activos incrementan las dosis de contaminación a las que están expuestos. Una menor concentración de contaminación del aire, especialmente del tráfico, podría reducir los desórdenes siquiátricos en niños y adolescentes”, concluyó el reporte que estudió a 500,000 menores de 18 años.
El estudio se realizó en Suecia, un país con bajos o muy bajos niveles de contaminación. Esto sugiere a los investigadores que en países o regiones con niveles mucho más altos, como por ejemplo en las comunidades de indocumentados en Estados Unidos, los efectos en los niños podrían ser mucho peores.
Nuestro sistema migratorio está roto. Sobre los indocumentados no solo cae un diario bombardeo tóxico, también les llueve la ira y el desprecio de un creciente movimiento antiinmigrante que los demoniza y los denigra.
Esos cuatro magistrados de la Corte Suprema, y en general todo el gobierno federal de nuestro país, bien podrían añadir una buena dosis de piedad y generosidad a la fórmula que acabe con esta crisis humanitaria.