J. Sierra
En sus 12 años en el Congreso Federal, el Rep. Raúl Grijalva (D-AZ) ha sido un valladar del medio ambiente y la protección de la salud pública del bombardeo diario de contaminación tóxica. Como miembro de rango de la Comisión de Recursos Naturales de la Cámara de Representantes, su trabajo sobre temas como la justicia medioambiental, el cambio climático y la protección de la naturaleza ha establecido un alto estándar para el resto de sus colegas en Capitol Hill. Como representante de un distrito fronterizo, ha sido un enconado oponente a la construcción del muro a lo largo de la frontera con México, citando dudas sobre la efectividad de los costos y el daño a hábitats cruciales.
Grijalva, copresidente de la Agrupación Progresista del Congreso, ha sido un líder en el apoyo al DREAM Act y la reforma migratoria con una vía a la ciudadanía. También se ha opuesto decididamente al Acuerdo Comercial Transpacífico (TPP) —un pacto entre 12 naciones de la Cuenca del Pacífico firmado por todos sus miembros en Nueva Zelanda el 4 de febrero— alegando que “dañará el agua, tierra y aire de todos, y destruirá empleos y reducirá salarios”.
En esta entrevista con el Sierra Club en su oficia de Capitol Hill, el Rep. Grijalva habla sobre el TPP; el cambio climático, la contaminación y los hispanos; el centenario del Servicio de Parques Nacionales; la asistencia de hispanos a los parques nacionales; la diversidad en el movimiento medioambiental, y la supresión del voto, entre otros.
Sierra Club: Nosotros los hispanos sufrimos las consecuencias de la degradación medioambiental y por lo tanto de la crisis climática de manera desproporcionada. Aún así, estamos más a favor de cambiar a una economía de energía limpia y de la decisiva intervención gubernamental en la pelea contra el cambio climático que cualquier otra comunidad nacional. ¿Cómo se comprende esto?
Raúl Grijalva: Por desgracia creo que esto viene de largo. Cuando se logra un permiso para emisiones industriales, nueve de cada diez veces esa instalación va a estar en o cerca de una comunidad hispana o afroamericana. Cuando se decide dónde establecer un basural, siempre es cerca o adyacente a esas comunidades. Cuando se trata de industria pesada, es para esas comunidades. Es un patrón, y ha estado ocurriendo por las mismas razones que en otros temas —se ha institucionalizado. Esas comunidades tienen un poder político limitado; por lo tanto, es más fácil hacerlo allá que en cualquier otro lugar. Lastimosamente, los líderes electos incluso de esas comunidades no creen que sea una prioridad contraatacar. Lo ven como un costo de hacer negocios. Lo ven desde el punto de vista de empleos a cualquier precio, e ignoran las repercusiones en la salud y bienestar y los efectos en los niños, como el envenenamiento por plomo, o la alta incidencia del asma en el Este de Los Angeles, o la contaminación de TCE [tricloroetileno] y su relación con los aumentos de la incidencia de cáncer en mi ciudad de Tucson. Cuando los problemas relacionados con el agua y el aire se presentan, no siempre se tiene en cuenta lo crucial que es para nuestra comunidad. Y la lacra del cambio climático va a castigar a los más pobres primero, y los que tengan medios van a poder al menos mitigar sus consecuencias, y los que no los tengan van a llevarse el golpe frontal. Esto es verdad en todo el mundo y también en este país. Creo que se ha institucionalizado, la respuesta ha sido lenta, y durante muchos años, pese a que ha cambiado en los últimos cinco o seis años, para los principales defensores del medio ambiente, este no ha sido un tema prioritario. Y lo digo con el debido respeto y el reconocimiento de que ha habido un cambio. La conservación de la naturaleza era un tema prioritario, la preservación de hábitats, especies, etc. Y creo que los hispanos ven la conexión entre la conservación y su propio bienestar. Lo que estamos tratando de hacer en la Comisión de Recursos Humanos, en la que sirvo, es conectar los dos —los temas de justicia medioambiental y preservar la leyes de conservación que nos han servido bien.
SC: Sí, pero incluso tras el histórico Acuerdo Climático de Paris y que casi 200 países están actualmente combatiendo la crisis climática, prácticamente la totalidad de la bancada republicana en el Congreso sigue negando o ignorando la peor amenaza a la seguridad nacional y, más importante, al futuro de la humanidad. ¿Por qué?
RG: Creo que están comprados. Creo que es un proceso amañado y corrupto. Y no quiero decir corrupto en el sentido penal. Quiero decir de la manera que se toman las decisiones. Aquí tenemos las gaseras, petroleras y otras industrias de extracción para las cuales los combustibles fósiles han sido la base de sus ganancias y su modelo comercial, y que efectivamente han sofocado cualquier discusión objetiva al respecto. Y han sido capaces de cabildear e intimidar al liderazgo republicano y la mayoría de sus miembros, para ni siquiera discutir el problema. Cuando recibimos por primera vez de mis colegas republicanos el esquema del programa para la Comisión de Recursos Naturales, ni siquiera mencionaron las palabras “cambio climático.” Nosotros sí las incluimos, pero la verdad es que ni estaban ahí cuando empezó el proceso. Creo que en tanto que esas industrias e intereses continúen agarrados a esta inercia y tratando de maximizar lo que pueden hacer con los combustibles fósiles, veremos la consiguiente falta de atención en el Congreso. Y más importante, veremos las contribuciones sesgadas de esa manera. Yo no voy a recibir ni un centavo. Muchos de los colegas de mi bancada tampoco. Pero está sesgado de esa manera debido a los PAC [comités de acción política]. Los hermanos Koch se han ganado la vida por medio de la industria energética, y van a gastar casi $1,000 millones en esta campaña electoral. Esa es la influencia corruptora y así es cómo se compran estos votos.
SC: Trans-Canada no se rinde tras el rechazo del Presidente Obama del oleoducto Keystone XL. Ha invocado el Capítulo 11 de NAFTA y se ha querellado contra el gobierno de Estados Unidos alegando interferencia en su legítima búsqueda de ganancias. Este litigio se resolverá fuera de la jurisdicción nacional y a puertas cerradas. No aprenden, ¿verdad?
RG: No, y eso devela su arrogancia. No me gusta invocar todo el tema de la soberanía en esto, pero es una decisión soberana de nuestro gobierno y de nuestro gobierno apoyado por la mayoría del pueblo norteamericano de negarse. Así que usando este mecanismo de NAFTA, del que mucha gente había advertido —incluso en relación con el TPP [Acuerdo Comercial Transpacífico]— estamos perdiendo el control del proceso de decisión que es importante para el pueblo y el medio ambiente. Y vienen y se querellan contra nosotros. Creo que es el colmo de la arrogancia, y espero que el gobierno canadiense y su nuevo primer ministro intervendrán al menos un poco más para subrayar a Trans-Canada que se ha tomado una decisión y que es hora de olvidarse de ello. Y el hecho de que el oleoducto transportaría el más sucio de los crudos lo hace particularmente arrogante porque las comunidades que hubieran estado cercanas al proyecto estaban en contra de él, las naciones tribales aquí y en Canadá estaban en contra de él, la mayoría de los científicos de este país no lo vieron como algo beneficioso y, en suma, no hubiera contribuido a nuestra independencia energética. Todo se hubiera exportado y no parecía que fuera a llegar a nuestras gasolineras.
SC: Y el TPP sería como NAFTA con esteroides. El equivalente del Capítulo 11 de NAFTA en el TPP otorga a las corporaciones mucho poder sobre la soberanía de los países firmantes. ¿Cuál es su posición a este respecto?
RG: Oh, me opongo. También me opongo al fast track por esas razones y otras. Durante una reunión, a nuestro negociador le pregunte: El presidente está absolutamente a favor del Acuerdo de París y va a hacer lo que pueda de manera administrativa para cumplir con las metas del Plan de Energía Limpia y otros objetivos. Pero, ¿no es una contradicción que la posición de la administración con respecto a las plantas carboneras y reducir nuestra dependencia de los combustibles fósiles está en conflicto con lo que estamos haciendo con el TPP? Hay una contradicción porque estamos perdiendo nuestra capacidad de tomar decisiones. Este es el problema de tener acuerdos comerciales que anteponen las ganancias en lugar de otros aspectos. ¿Deberá ser el dinero parte de cualquier acuerdo comercial? Absolutamente. Todo el mundo quiere ganar dinero. Pero hay otros factores —humanos, medioambientales, etc.— que también deben ser prioritarios.
SC: El Servicio Nacional de Parques celebra su centenario este año. Aún así el asalto contra nuestros lugares especiales en muchos frentes continúa, incluyendo que corporaciones traten de casi usurpar los nombres más emblemáticos de Yosemite. Usted es un valladar de la preservación y promoción de estas maravillas. ¿Qué puede hacer para detener esta ofensiva?
RG: Creo que el papel de la secretaria del interior será crucial en los meses que quedan de esta administración para indicar que cualquier intento en este sentido encontrará la mayor resistencia legal y administrativa. Una cosa es contribuir al fondo para celebrar el centenario y otra es exigir derechos de nombramiento. Nos preocupa que la gente quiera estar asociada con los grandes lugares emblemáticos —Yosemite, el Gran Cañón, etc.— y que tenemos muchos lugares públicos necesitados de mejoras de infraestructura y apoyo de personal. Este es uno de los peligros. Si estos lugares se ven como una marca registrada, entonces empezamos a perder parte de la independencia y la naturaleza especial del lugar. Es lo último que quiero ver en este sentido. No creo que legislativamente vayamos a ver resultado alguno. Pero sí pienso que cualquier intento por parte de una compañía, o cualquier intento de vender derechos de marca a una compañía a cambio de una contribución, debe resistirse legal y administrativamente. Esto disminuiría y degradaría lo que consideramos como lugares especiales.
SC: Hay una propuesta para designar gran parte de la Cuenca del Gran Cañón en terrenos federales fuera del parque nacional como monumento nacional. ¿Cómo va este proyecto?
RG: Este es mi proyecto de ley. Se llama la Ley del Monumento del Gran Cañón, por el cual agregamos la cuenca del Cañón, unos 1.2 millones de acres, a lo que ya excluyó el ex secretario del Interior Ken Salazar para propósitos de minería de uranio. Dudo que este proyecto de ley reciba una audiencia justa en la Cámara de Representantes, pero ya hemos creado una base de partes interesadas que apoyen esta designación. Todas las tribus —Hopi, Sunni, Havasupai, Hualapai, Navajo, Apache— tienen una identificación religiosa, cultural y sagrada con el Cañón. Se han convertido en los promotores de esta designación y nos complace mucho que lo hayan hecho. Hemos realizado una encuesta y el apoyo por la designación es abrumador en Arizona y nacionalmente.
SC: Nosotros los hispanos tenemos un aprecio especial por la tierra que llamamos nuestro terruño. Consideramos proteger la tierra no solo un valor familiar sino también religioso. Aún así, la asistencia de hispanos a los parques nacionales y otros terrenos protegidos es decepcionante. ¿Qué se puede hacer legislativamente para mejorar este déficit?
RG: Se puede hacer algo legislativa y administrativamente. Tenemos que integrar a los hispanos en el personal de los parques nacionales. Esa debe ser la prioridad número uno. En el aspecto legislativo, debemos empezar a ofrecer recursos al Servicio de Parques para que trabajen con escuelas, grupos comunitarios y organizaciones cívicas en las comunidades hispanas para empezar a promocionar el uso de los parques nacionales. Cuando tienes un parque a 15 minutos de una zona urbana como Tucson, el cual es 30-40% hispano, pero las visitas al parque de hispanos son escasas, es muy indicativo. Las razones son en parte el costo, pero también tienen que ver con la bienvenida, con cómo manejamos la cuestión cultural al gestionar los parques y otros lugares especiales para que sean culturalmente relevantes y lingüísticamente apropiados. He hablado con el director del Servicio Nacional de Parques sobre un plan para llevar los parques a la comunidad. La fuerza de preservar los terrenos públicos se ha basado en el uso de los contribuyentes de esos terrenos. Y al tiempo que nuestra nación cambia demográficamente, también ese cambio tiene que verse reflejado en los niveles de visita a largo plazo. Para la protección, preservación y realce de estos lugares especiales vamos a necesitar una representación diversa del público que visite estos lugares. Nos corresponde hacer estos ajuste ahora y no esperar. Si seguimos esperando, podríamos perder a una generación que podría haber sido nuestros socios, y más importante, los votantes y seguidores de estos parques.
SC: Pese a que el Sierra Club se encuentra en la mayor campaña de diversidad de su historia, el movimiento medioambiental tiene un largo trecho hasta diversificarse tanto como lo es nuestro país. ¿Qué pueden la hacer las organizaciones medioambientales para mejorar este historial?
RG: Ser socios de coaliciones en esfuerzos a los que los grupos medioambientales puedan no estar acostumbrados y pensar creativamente para construir esas coaliciones con comunidades diversas para mejorar en temas como la limpieza del agua y del aire. Estas organizaciones tiene que dedicar personal y recursos a los muy cruciales aspectos de educación, promoción y capacitación. Esto va a ser esencial en el futuro. También deben diversificarse en el sentido de los temas que deseen abordar y los rostros que representen esos temas. Estos esfuerzos deben ser parte integral de la organización y no algo adjunto.
SC: Es decir, más énfasis en la justicia medioambiental, protecciones medioambientales y la salud de nuestras comunidades, ¿correcto?
RG: Y su personal. Uno se identifica con esos temas y establece una relación basada en la solidaridad y la cooperación. Déjame darte un ejemplo relacionado con los Defenders of Wildlife en Tucson. Cuando se aprobó legislación para construir un muro de 1,200 millas de longitud a lo largo de la frontera con México, se suspendieron todas las leyes medioambientales para detener la inmigración. Organizaciones de derechos humanos, y derechos migratorios y grupos hispanos se opusieron al proyecto. Al mismo tiempo, los Defenders se opusieron a la suspensión de las leyes medioambientales. Así que platicaron y llegaron a la conclusión de que ambos bandos necesitaban apoyar los intereses de cada cual. Así estas organizaciones de derechos humanos se convirtieron en grandes defensores del medio ambiente y los Defenders se convirtieron en grandes defensores del tratamiento humano de las personas en la frontera y de la reforma migratoria.De repente todos son aliados y esta alianza es saludable.
SC: Y por último, los hispanos de nuevo serán una fuerza decisiva en las elecciones de noviembre. Pero continuamos viendo campañas en todo el país para dificultar más y más ejercer el derecho constitucional al voto. ¿Qué puede hacer usted y otros miembros del Congreso hacer para al menos aliviar esta oleada de supresión del voto en nuestro país?
RG: Tenemos que reaccionar de inmediato contra estas campañas. Nos estamos concentrando especialmente en los estados que exigen condiciones y ponen obstáculos para votar, como purgas de listas electorales, requisitos lingüísticos, o cambiar los lugares de votación para que la gente que esté acostumbrada a usar el mismo lugar durante 20 años de repente ven que ese lugar ha desaparecido. Creo que va a requerir disciplina por parte de todas las organizaciones que luchan contra la supresión. También creo que ésta tiene que ser una campaña de educación, y eso es lo que vamos a hacer en mi distrito, educar a los votantes. Y también se trata de su propia defensa. Tu voto es para defender a tu familia, a ti mismo, a tu comunidad y los valores que apoyas. Y también nos vamos a concentrar de gran manera en el voto por correo, para que los votantes no se vean sometidos a acoso o intimidación. En mi distrito, en la última votación, vimos una participación récord, y casi el 20% votó por correo.