Corte Suprema de Estados Unidos/Supreme Court of the United States (Foto: Javier Sierra)
Por Andrés Restrepo y Joanne Spalding
El Sierra Club, junto con una coalición de organizaciones ambientales, grupos de defensa pública y otros, presentó un amicus curiae —un documento legal en defensa de alguna de las partes de un litigio— ante la Corte Suprema de Estados Unidos en el caso West Virginia vs EPA (Agencia de Protección Ambiental).
El documento tajantemente se opone a un ataque contra la autoridad de la EPA establecida por la Ley de Aire Limpio lanzado por políticos derechistas y ejecutivos de la industria carbonera aliados con ellos. Con el apoyo de grupos de influencia apoyados por agentes contaminadores y otros activistas de extrema derecha, los querellantes de este caso alegan una teoría legal inventada por la administración Trump que desmembraría la capacidad de la EPA de reducir la contaminación de carbono procedente de plantas térmicas de combustión de carbón que deteriora la atmósfera, amparada por la sección 111(d) de la Ley de Aire Limpio.
Hace un año, la Corte de Apelaciones del Circuito de D.C. rechazó tales argumentos y decidió en favor del Sierra Club y sus aliados. Este es el caso que se encuentra ahora ante la Corte Suprema. La decisión podría socavar profundamente el poder de la EPA de proteger la salud y el bienestar públicos en el combate contra la crisis climática. Tal y como deja claro nuestro amicus, la EPA no solo tiene la autoridad, sino también el deber de emitir salvaguardas significativas contra la contaminación de carbono procedente de plantas carboneras, pese a intentos previos de la administración Trump de interpretar esta autoridad como fuera de la ley. En concreto, nuestro amicus demuestra que la Corte debe desestimar este caso con premura sin abordar sus méritos legales ya que la Corte carece de jurisdicción en este caso porque no existe regulación alguna que implique a la EPA en estas cuestiones legales.
Lamentablemente, las compañías carboneras y políticos litigantes en este caso no se conforman con centrarse en la estricta interpretación reglamentaria de esta cuestión. Además, se aprovechan de esta oportunidad para asestar un golpe jurídico contra la vital autoridad de la EPA para cumplir con órdenes parlamentarias. La documentación de los querellantes se centra principalmente en lo que se conoce como “doctrina de cuestiones principales”, un principio legal sobre la interpretación de leyes y su implementación por parte de agencias federales. En ciertos casos previos, la Corte Suprema ha mantenido que cuando una agencia federal interpreta estatutos parlamentarios de manera que tenga “basto significado económico y político”, cualquier corte debe buscar una “clara autorización parlamentaria” en la ley vigente, en lugar de interpretar un silencio reglamentario o ambigüedades como un permiso de interpretación de la agencia.
En este caso, los querellantes —compañías carboneras y sus aliados políticos— están tratando de usar la doctrina de cuestiones principales para privar a la EPA de su autoridad de considerar cualquier técnica de reducción de emisiones en virtud de la sección 111(d) de la Ley de Aire Limpio, excepto las que se puedan implementar dentro de los recintos de cada planta individual. Esta teoría permitiría a la EPA adoptar solo medidas extremadamente débiles que protegerían a las compañías energéticas de la obligación de pagar más que costos mínimos debido a la peligrosa contaminación que emiten sus instalaciones. Sin embargo, ellos ignoran el hecho de que la Corte Suprema ya decidió en el caso AEP vs Connecticut que “el Congreso delegó a la EPA la decisión de cómo regular las emisiones de dióxido de carbono de las plantas energéticas” y que la sección 111(d) “habla directamente” de la autoridad de la EPA en este sentido.
La teoría legal de los querellantes, y su entendimiento de la doctrina de cuestiones principales, diezmaría la autoridad de la EPA para actuar significativamente con relación a las peligrosas emisiones de dióxido de carbono de estas plantas térmicas. Pero el daño no quedaría solo en eso. Los querellantes apuntan contra la autoridad de las agencias federales de desarrollar políticas y actuar para proteger la salud, seguridad y bienestar públicos. De hecho hace solo unos días, el político que lidera los ataques contra la autoridad regulatoria de la EPA —el procurador general de West Virginia, Patrick Morrissey— dijo a los medios que la teoría de los querellantes en este caso “no trata solo de las plantas de combustión de carbón” sino que también “trata de asuntos relacionados con los consumidores” y “cuestiona fundamentalmente el tamaño y alcance del gobierno”.
Esto es lo que realmente significa: Morrissey y sus aliados quieren usar este caso para torpedear la capacidad de los funcionarios públicos en agencias gubernamentales de cumplir con el mandato parlamentario de poner en práctica las leyes y salvaguardar la limpieza del agua y el aire; asegurarse de que las empresas agrícolas, de telecomunicaciones, transporte, etc. tratan a los consumidores justamente, y proteger la salud de las familias y comunidades. Una decisión en su favor nos retrocedería a los tiempos del gobierno que precedió a la Gran Depresión, comúnmente conocido como la “Era Lochner”, cuando el poder corporativo funcionaba sin rienda y las agencias federales carecían de la autoridad para proteger al público. La dramática decisión que persiguen estos políticos y ejecutivos carboneros socavaría la voluntad popular, un siglo de leyes y décadas de precedente legal.
Estamos confiados en que todos estos argumentos carecen de mérito, y nuestro amicus explica exactamente por qué. Las posiciones extremas de los querellantes están fuera de lugar con respecto a la Ley de Aire Limpio y de la jurisprudencia establecida. El caso, por tanto, debe ser descalificado. De otra manera, la Corte Suprema debe confirmar la decisión de la Corte de Circuito que rechaza esta teoría legal que los querellantes usan para atacar la autoridad de la EPA establecida por la Ley de Aire Limpio.
Mientras nos preparamos para nuestras argumentos orales ante la Corte Suprema, programados para el 28 de febrero, el Sierra Club y sus socios seguirán apoyando vocalmente nuestra posición en este caso. Además, seguiremos usando todas nuestras herramientas de defensa para asegurarnos de que derrotaremos el concepto de clima, país y mundo que mantienen la industria carbonera y sus aliados políticos, como Patrick Morrissey. Ni tampoco cesaremos en nuestra labor de asegurar un futuro justo y próspero que ofrezca energía limpia y renovable para todos.
Andrés Restrepo es abogado de rango del Programa de Ley Ambiental del Sierra Club.
Joanne Spalding es directora legal en funciones y jefa del Programa de Ley Ambiental del Sierra Club.
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Sobre el Sierra Club
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